Manifiesto sobre los Servicios Sociales en Canarias

"POR UNA LEY CANARIA QUE GARANTICE UNOS SERVICIOS SOCIALES UNIVERSALES"

1. RECORDAMOS DE DÓNDE VENIMOS. PARA COMPRENDER LA ACTUALIDAD ES NECESARIO ANALIZAR LA HISTORIA.
   Hace 23 años, se aprobó la Ley de Servicios Sociales de Canarias que ha servido para que hoy exista un Sistema Público de Servicios Sociales, este ha permitido a las personas que habitan en esta tierra encontrar alivio a muchas necesidades que por sí mismas no pueden afrontar. Es verdad que su desarrollo no ha sido completo pero su espíritu es claro. ¿Ha sido suficiente? Claramente no. ¿Podría haber sido de otra manera? Claramente sí.
   La realidad canaria como todas las realidades humanas, ha cambiado bastante en estas dos décadas. Hay nuevas necesidades que requieren nuevas respuestas, no cualquier respuesta, sino la que merece una ciudadanía que contribuye diariamente a la construcción de esta región y que espera la protección debida por parte de “nuestras instituciones” cuando por sí misma no alcance la solución.
   
2. LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE CANARIAS. UNA MALA RESPUESTA.
   Ante esta realidad el actual Gobierno de Canarias ofrece un anteproyecto de “Ley Canaria de Acción Social y Servicios Sociales” que en un primer momento, intenta aprobar con calzador, siguiendo trámites de urgencia a la hora de recabar aportaciones de instituciones, entidades y representantes de la ciudadanía y no valorando el papel y la opinión cualificada del Consejo General de Servicios Sociales especialmente en esta materia. Un anteproyecto que refleja un profundo desconocimiento de la naturaleza de los servicios sociales, tanto de sus aspectos teóricos, como de las circunstancias que los definen en la práctica cotidiana. Un documento incoherente con errores e imprecisiones que ponen de manifiesto la falta de rigor del trabajo realizado por sus redactores. Una propuesta que abre la puerta a empresas privadas para que organicen y gestionen los Servicios Sociales Canarios. Un anteproyecto de Ley que no prevé ningún compromiso de financiación, mientras se desarrolla largamente la participación económica de las personas usuarias. Un esbozo de sistema de servicios sociales que deja fuera a todas las personas que no estén empadronadas en Canarias. En suma, una colección de promesas de futuro difícilmente creíbles que en ningún caso se pueden considerar “respuestas válidas a las necesidades de las personas que vivimos en estas islas”.
   En definitiva no se ha aprovechado el proceso de elaboración de esta nueva ley como una oportunidad de evaluación, debate y participación que tanto necesitan los servicios públicos y la especial situación que vivimos.
3. QUEREMOS UNOS SERVICIOS SOCIALES EN CANARIAS:
   • Que sean universales, garanticen la equidad y la justicia en las condiciones de vida de toda la población, el cumplimiento de los derechos humanos, económicos y sociales y la redistribución de la riqueza.
   • Que garanticen la igualdad, eliminando las barreras físicas y de la comunicación y sean totalmente accesibles para todas las personas, grupos y territorios.
   • Que se inspiren en el derecho humano a la autodeterminación anteponiendo el principio de la participación como esencia de toda intervención que se desarrolle en los servicios sociales.
   • Que respondan con urgencia y continuidad a las desigualdades, con especial atención a las personas, grupos y territorios que más sufren situaciones de injusticia.
   • Que basen su actividad en la prevención y la promoción que permita a las personas preservar sus condiciones de vida en las mejores condiciones posibles.
   • Que la coordinación procure un trato integral e integrador, sin fragmentación, ni burocracias.
   • Que sean efectivamente de Responsabilidad Pública, esto es promovidos, ordenados y garantizados por la administración pública, universales para todas las personas, reconocidos como derecho subjetivo, que podamos reclamar su cumplimiento administrativa o judicialmente, con una cartera de servicios concreta y completa y una financiación, estable, adecuada y suficiente.
   • Que su funcionamiento constante siga el “ciclo”: análisis, investigaciones, programaciones, evaluaciones y ejecuciones con estabilidad, calidad y continuidad.
   • Que definan claramente el papel de cada administración pública y los roles del resto de agentes involucrados en el funcionamiento y desarrollo de los servicios sociales.
   • Que no potencien el negocio de la solidaridad, intentando maximizar el beneficio monetario y dejando en manos de las empresas privadas y las entidades sociales “sin escrúpulos” su gestión cotidiana. Que no se mercantilicen, ni se privaticen de forma indiscriminada.
   • Que cuente con un sistema de inspección pública, que desarrolle procedimientos de protección, reclamación y defensa de las personas que accedan al sistema público de servicios sociales incluyendo el control ciudadano del mismo.
   • Que resulten de una nueva ley realizada sobre un diagnóstico serio y riguroso, diseñados y evaluados de forma transparente y permanente contando con la participación auténtica de todas las personas implicadas.
   • Que encuentren “amparo” en una Ley General de Servicios Sociales para todo el Estado español por la que habrá que luchar abandonando la “avaricia competencial” de las autonomías.
   • Que garanticen unas rentas económicas básicas para todas las personas.
   • Que cuenten con personal suficiente, con formación, estabilidad laboral, capacidad y aptitudes para asegurar su eficacia y su eficiencia; garantizando su apoyo técnico, formación permanente y supervisión.
   • Que reconozcan formalmente a las trabajadoras y los trabajadores sociales como profesionales de referencia y que cuenten con equipos interdisciplinares acordes a la realidad de cada territorio y grupos de población.
   • Que atiendan la integralidad de cada persona y desarrollen la dimensión grupal y comunitaria del Trabajo Social.
   • Que integren en su estructura las prestaciones previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
   • Que consideren en su desarrollo los aportes del correspondiente informe de impacto y perspectiva de equidad de género.

Unos Servicios sociales en Canarias que sean una alianza comprometida con el desarrollo individual y colectivo, social, económico y cultural, de nuestras islas.

4. LAS CANARIAS Y LOS CANARIOS TENEMOS DERECHO A UNOS SERVICIOS SOCIALES QUE NOS AYUDEN A VIVIR MEJOR.
   • Tenemos derecho a una INFORMACIÓN ACCESIBLE, COMPLETA y de CALIDAD como base de un sistema público encargado de ayudar a las personas a vivir mejor. Sobre todo, a quienes encuentran más dificultades para participar activamente en la sociedad.
   • Tenemos derecho a unos SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS que den cobertura a las necesidades de los distintos grupos de población sin perder de vista que cualquier ser humano puede llegar a ser “usuario” de ellos, no existen seguros contra la exclusión social y la pérdida de ingresos.
   • Tenemos derecho a CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES dotados con los programas comunitarios básicos y con los recursos materiales y técnicos necesarios para atender las necesidades de las personas con las que trabajamos.
   • Tenemos derecho a que se garanticen las prestaciones básicas más allá de las previsiones de la LAPAD. Nos merecemos una CARTERA DE SERVICIOS que garantice la cobertura de las nuevas necesidades de las canarias y de los canarios, con base en el reconocimiento del derecho a los servicios sociales como un derecho subjetivo.
   • Tenemos derecho a un SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES que se encargue directa y exclusivamente de la gestión de las prestaciones básicas para garantizar su efectividad en las personas.
   • Tenemos derecho a conocer la composición de los EQUIPOS BÁSICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS y las funciones de cada uno de sus integrantes. Nos merecemos profesionales que cuenten con las garantías de apoyo y protección debida, estabilidad laboral y posibilidades de desarrollar una carrera profesional en el sistema de servicios sociales incluyendo opciones de movilidad entre servicios.
   • Tenemos derecho a TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SOCIALES como “profesionales de referencia” que faciliten la relación personal, la dote de integralidad y continuidad y sobre todo evite tener que empezar desde cero cada vez que hay un cambio de plantilla o de servicio.
   • Tenemos derecho a una ley que recoja los compromisos financieros de forma explícita y cuantificada. Nos merecemos una FINANCIACIÓN SUFICIENTE, ESTABLE Y CRECIENTE que nos devuelva cuando lo necesitamos lo que ya aportamos al sistema mientras pudimos.
   • Tenemos derecho a un DIAGNÓSTICO SERIO de la situación de los servicios sociales en Canarias. A una renovación legislativa coherente con sus resultados que garantice el avance del sistema de servicios sociales, una apuesta decidida de los representantes públicos por mejorar las condiciones de vida de nuestras islas y el compromiso político de todas las personas que de una manera u otra estamos directamente relacionadas con los servicios sociales.
   • Tenemos derecho a un ejercicio de RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO y de “NUESTROS” REPRESENTANTES PÚBLICOS para establecer prioridades en la asignación de los recursos económicos que eviten el despilfarro y el clientelismo. Tenemos derecho a un sistema público de servicios sociales eficaz y eficiente con una dotación económica solvente y garantizada.
5. Por todo esto, PEDIMOS, ALTO Y CLARO, QUE SE RETIRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS SOCIALES Y SE RETOME LA OFERTA DE COLABORACIÓN HECHA A LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL AL INICIO DE LA LEGISLATURA: hacer un diagnóstico solvente de la realidad social de las islas y de la situación del actual sistema de servicios sociales. A partir del diagnóstico habrá que dilucidar cuál es la propuesta de ley que permita, a medio plazo, lograr el objetivo de los servicios sociales: proporcionar información accesible para acceder a los servicios que pueden satisfacer las necesidades de todas las personas que habitan en Canarias, más de las que se encuentran en situaciones desfavorables. Pues entendemos parafraseando a Concepción Arenal que “Las malas leyes hallarán siempre, y contribuirán a formar, hombres peores que ellas, encargados de ejecutarlas”.
   

PROPUESTA CONJUNTA DEFINITIVA
18 DE MARZO DE 2010
LOS COLEGIOS OFICIALES DE ASISTENTES SOCIALES Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS PALMAS Y DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. PIDEN SU ADHESIÓN A ESTE MANIFIESTO QUE TAMBIÉN PODRÁ FIRMARSE MEDIANTE SUS RESPECTIVAS PÁGINAS WEB